Aborto legal en Chile: lo que podemos exigir hoy
Mientras estamos con resaca de felicidad y aborto libre con la noticia de que la interrupción voluntaria del embarazo ya es ley en Argentina, gracias a años de lucha y política por parte de las compañeras del otro lado de Los Andes, también queremos hablar sobre Chile. Tenemos una ley de tres causales aprobada en el 2017. Una mala ley que encuentra muchas dificultades para ser aplicada. Bárbara Carvacho conversó con Javiera Canales de Corporación Miles para saber con qué contamos y cómo ejercer ese —escuálido—derecho.
Las imágenes que copan hoy las redes sociales mostrando a las compañeras argentinas abrazándose afuera del Congreso, o llorando, o saltando, o ambas a la vez, celebrando que –tras quince años de lucha– el proyecto de legalización del aborto es ley. ¿Te imaginas eso mismo en Chile?
Ya ni tengo palabras para el aborto, pero las cabras se siguen muriendo igual. Este año vivimos otro 28 de septiembre, otra oportunidad para darse con la realidad porque: ser mujer –sobre todo en Chile–, es bien cercano a no existir. Porque no decides y, sin decisión, la existencia se reduce a mandatos e intentos desesperados por recuperar la condición humana: sobrevivir.
Han pasado 30 años desde que el cuarto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, decidiera que este día iba a estar marcado por el recuerdo de aquellas que conocimos, y las que no nos dejaron conocer. Son 10 mil 958 días de lucha incansable, colgadores de ropa en vaginas, niñas asustadas, niñas –violadas– asustadas.
¿Has sentido ese miedo paralizante de saber que tu vida está en peligro?
La vida como tal, esa de respirar, sonreír y llorar; la vida como la conocemos, esa del querer seguir habitándote porque sabes que eres y existes, que no eres un envase. Saberse embarazada fue el gran miedo de mi vida porque fue el punto en el que cuestioné qué tan viva estaba.
Un pene adentro fue vivir, los fetiches y el semen fueron vivir. Hasta que todo concepto sobre ser ente en este espacio-tiempo fue pisoteado por la incalculable fuerza de la inexistencia. ¿De qué manera estuve existiendo antes de percatarme que no lo hago realmente? Porque así es como se siente querer decidir y no poder. La confirmación de no ser más que dígito, empleada, sueldo, vientre.
Es tan amplio el mar de desconocimiento que no sé ni por dónde abordar lo que es abortar. La iglesia, los familiares –que también son violadores–, la propaganda, el concepto de familia, niñas obligadas a ser madres, madres obligadas a comprometer sus vidas por la imposición intangible de este núcleo que tienes que proteger a toda costa, incluso si tú eres la costa.
En esta parte del mundo la historia parece ser un loop de errores que no queremos solucionar. Mientras vemos series en Netflix hablando sobre la importancia de la educación sexual o la posibilidad de abortar en un tratamiento ambulatorio en compañía de tus amigas, en América Latina nos encontramos con clandestinidad, ruralidades dejadas a la suerte del día, personas gestantes llenas de deberes y responsabilidades. Y pocos derechos.
Con admiración hemos visto el trabajo de las hermanas argentinas –que tal como las chilenas–, han levantado durante décadas una lucha incesante de fallos en contra, dolores de corazón, compañeras perdidas. Más de diez mil días, más de cien mil días. Y hoy, todas a las que nos quisieron costa, nos transformamos en marea.
Hay días tristes de no saber cómo conseguir miso para tu amiga, hay días de ilusión de ver a miles de compañeras conectadas en línea para exhibir sus pañuelos con orgullo, pedazo de tela que es agonía, bufanda y capucha. Otra vez fue 28 de septiembre y, aunque muchas noches nos acostamos pensando en esta mala jugarreta personal llamada prohibiciones de derechos, también hay una lucha que no se va a dar sola.
El 14 de septiembre, la ley N°21.030 cumplió tres años en vigencia. Una ley que sabemos insuficiente pero que en días como el 14 o 28 de septiembre es imperante repasar. ¿Qué hacemos con esta ley muerta?, le pregunté a Javiera Canales, la abogada de la Corporación Miles, y su respuesta funcionó como esa cachetada necesaria para salir de la costumbre capitalista de Ariana Grande del “lo quiero y lo tengo”.
Es frustrante saber que estamos hablando de derechos y vidas, y tener que ponerse el freno para no vomitar mierda sobre la ineficiencia del Estado en el que nos tocó nacer, pero aún más frustrante sería hacer vista gorda al esfuerzo histórico de miles de mujeres, organizadas y politizadas, que han pavimentado lo que hoy es una pequeña, pero relevante victoria. Una de las tantas batallas que nos quedan en esta pelea mortal contra el tiempo que significa devolverle el derecho a las mujeres.
La ley Nº 21.030 es una mierda en el papel y también en la práctica, pero es un pequeño robo a un país que nos prefiere presas, antes que autónomas. Y en tiempos de cambios constitucionales relevantes, urge que aprendamos a calmar la ansiedad y aprendamos de la paciencia sobrenatural de todas las que vinieron antes, de esas que con más de setenta años siguen contándonos sobre tradiciones abortistas, mientras nuestros departamentos de salud se rehúsan a siquiera cumplir con plazos estipulados para entregar las cifras que envuelven al aborto en Chile.
El trabajo de MILES es de hormiga y red, tal como lo ha sido todo este trayecto. Una corporación que constantemente pide información por transparencia, y no sólo de las cifras como un número; es un levantamiento de información por región, por edad. Una vez más, la pega del Estado queda en nuestras manos.
“Nos hemos estado arreglando pidiendo información y haciendo fiscalización de ella, cruzando datos, solicitando servicio por servicio médico el número de interrupciones que han hecho para poder cruzarla con la de Minsal cuando, finalmente, llega”, cuenta Javiera, ejemplificando una de las tantas urgencias que existen entorno a la ley.
Entre recursos de amparo ante el Consejo de Transparencia y recursos de legalidad ante la Corte de Apelaciones, MILES ha dado con lo que se temía: una política de salud que no es prioridad, la demostración de que las mujeres nunca somos prioridad. “Sabemos que la encargada nacional de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del Minsal es una buena profesional pero no puede con toda la carga que implica, eso demora el acceso a la información. Ella misma nos ha dicho que no han puesto personal humano para que esta política pueda ser de carácter fluido. Hay un problema interno sobre las prioridades del ministerio en torno a la interrupción del embarazo y la transparencia de datos”, agrega.
Y es en la recopilación de información de manera autogestionada por MILES que volvemos a darnos contra la pared: “en caso de menores de 14 años embarazadas, siempre es violación. En el 2019 ingresaron 647 niñas entre 10 y 13 años a programas prenatal, pero las interrupciones sólo fueron 128. Ahí tenemos una primera alarma, son violaciones pero no están accediendo a la causal. Así hemos tenido que hacerlo, un trabajo desgastante porque es información que debería ser de carácter público, entregada de forma organizada, pero no pasa”.
El acceso a datos y funcionamiento de la IVE son apuntados como principal falla en nuestra paupérrima pero nuestra ley. “No sólo se trata de la falta de información que hay respecto al conocimiento de la legislación de la normativa aplicable, también de la guía técnica Nº197 del Minsal. No sólo no hay conocimiento por parte de las usuarias de cuáles son, realmente, sus derechos. Qué les pueden decir, que sí y qué no. Hay falta de conocimiento sobre los comités éticos o respecto a la tercera causal que no exige denuncia para proceder, pero se exige. La falta de difusión por parte del gobierno sobre esta prestación de salud es bajísima. La misma ley tiene la prohibición de publicidad, por lo que las personas tienen que ir al servicio de salud a pedir información, cuestión que viola lo que establece el estándar internacional, que en materia de derechos sexuales y reproductivos, tiene que poseer transparencia activa, que sin ser solicitada debe estar disponible”.
También está la falta de capacitación por parte de los profesionales del área de la salud sobre la ley, reglamentos y normativa. “Hay que recordar que entre 1989 y el 2017 no hubo legislación respecto a la interrupción momentánea del embarazo, entonces muchos profesionales salieron sin los conocimientos prácticos. Por ejemplo, tenemos la edad gestacional avanzada, que es un gran problema. En la primera y segunda causal no se requiere de edad gestacional límite, pero es la desinformación lo que permite que los procesos se dilaten, haciendo que las semanas pasen de 18 a 22 a 30, terminando en un parto prematuro en lugar de una interrupción a tiempo”, agrega la abogada.
Eso no es más que un daño psicológico que se transforma en un temor a interrumpir. “Dentro de todo lo cuestionable, lo más cuestionable es la falta de información y la falta de capacitación, porque eso denota que no es una prioridad del gobierno. Se está acabando este periodo y no se ha hecho nada en torno a esto”, cuenta Canales. El miedo de saber que no se existe, el miedo de saber que una protovida es más prioridad que tu existencia.
¿Qué hacemos nosotras entonces, en este histórico periodo en el que podemos escribir lo que significa existir para nosotras?
Organizarnos para salvarnos y recuperar la integridad de la vida. MILES, como parte de la sociedad civil organizada, nos invita a la fiscalización, el monitoreo y la exigencia de los derechos. “Es una ley y debe exigirse. Necesitamos difusión de información sobre la transparencia, los datos, y normalizar datos concretos como que las menores de 14 años siempre son candidatas para la IVE”, comenta.
“Tenemos que entender que interrumpir el embarazo es una prestación de salud. Nadie normalizaría que no te atiendan por una apendicitis. Hay que entender que nadie puede negarte una interrupción en las 3 causales. Exigirla. Ocupar mecanismos legales. Interponer los recursos que sean necesarios para que se normalice la IVE como una prestación de salud más”; nuestra pequeña victoria.
No es suficiente, claro que no, pero es el trabajo de años y la vida de muchas. “No le diría ley muerta porque es una ley mala, llena de vacíos, pero es lo poquito que tenemos. Tenemos que protegerlo. La forma de hacerlo es fiscalizando. Si decimos que es una ley que no existe, damos argumentos a los antiderechos para que, por ejemplo, digan que no se ocupa y se deroga por desuso”, dice.
“Lo que es importante es no retroceder en derechos, ojalá avanzar, pero lo que tenemos hay que cuidarlo. Ocupar las herramientas institucionales para exigir lo que tanto nos costó lograr”, sentencia.