Javiera Canales de Miles sobre la venta de anticonceptivos (y más): “El acceso a la salud sexual y reproductiva debe ser declarada esencial”
Este fin de semana supimos que muchas no podían comprar sus anticonceptivos a través de las plataformas web de farmacias en Chile, algo preocupante cuando la mayoría del país se encuentra con movilidad restringida o cuarentenas debido a la pandemia. Durante este lunes, mucha información se movió por internet y a continuación, la ordenamos para que esté un poco más clara. Para esto, conversamos con Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles.
En primer lugar, ella explica que “todos los medicamentos reconocidos como tal por el Código Sanitario, se deben pedir con receta, pero las Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad, señalan que todas las personas pueden acceder a métodos anticonceptivos con principios bastante amplios sobre tal acceso. Además, la norma del 2018, dice que no se debe solicitar receta para los anticonceptivos”.
“Muchos quimicos farmaceuticos incluso se han contactado con Corporación Miles diciendo que con la información que se está dando se está dejando mal a los químicos y no, ellos no son el problema, todos han dicho que ellos también están pidiendo que se revierta esto. Lo que falta transparentar es por qué el Instituto de Salud Pública ahora, en cuarentena total, decide implementar las normas de regulación y fiscalización. En eso no hay mayor transparencia y es lo que generó este problema”.
Javiera Canales dice desconocer las razones por las cuales se está exigiendo una receta para la compra por internet, “sin embargo, es de conocimiento público la falta de regulación y fiscalización del ISP con los anticonceptivos. Sabemos que hubo más de 270 mil blisters defectuosos que se distribuyeron durante más de un año, y ahí el ISP juega un rol fundamental. Y luego de esto, con el impacto mediático que ha tenido y las denuncias que han habido por la falta de fiscalización, creo personalmente que pueda ser una forma de regulación interna del ISP, pero no es la forma. Siguen estando desenfocados, hay que bajar las barreras de acceso”, dice.
Durante la jornada, Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y Equidad de Género twitteó: “Estamos realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición de exigir receta médica para la compra de anticonceptivos. Esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia.” Por otra parte, en un comunicado publicado en la tarde de este lunes, el ISP se refiere al tema, pero a medias, pues no explica el criterio para que las farmacias exijan recetas en internet, pero no de forma presencial:
“El Instituto de Salud Pública de Chile informa que no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia (…) Los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente”.
—Instituto de Salud Pública este lunes.
¿Qué pasa con las personas que no pueden asistir presencialmente a una farmacia? Hasta el cierre de esta nota, el ISP no ha entregado más información.
La directora de Miles cree que “cuando las políticas públicas no se hacen desde una perspectiva de género, ocurren este tipo de cosas. Necesitamos mayor fiscalización cuando se envasan los productos, cuando se crean anticonceptivos, lo que se permite o no comercializar, pero no necesitamos más barreras de acceso”.
Durante toda la jornada de este lunes, se viralizaron en internet listas de trabajadoras de la salud que podían entregar recetas con urgencia, ofrecimientos desde organizaciones e incluso Miles, explica Javiera, también puede hacerlo. “Pero no es la idea, esto debe ser parte de una política pública”, dice. Le pregunto si tiene información sobre alguna solución formal que no dependa, una vez más, de la voluntad y organización de las mujeres y cuenta que “al parecer, se va a presentar un proyecto de ley para modificar el Código Sanitario y que quede explícito, al igual que con la Píldora del Día Después, la venta y el acceso a los anticonceptivos. Pero es un poco bochornoso que todo tengamos que subirlo a ley cuando el sentido común debiera primar”.
“Bastaría con que el gobierno tenga una posición clara y no se pidan recetas de anticonceptivos. Por qué en internet sí y presencialmente no. Hay una falta de criterio, porque quien las está comprando ya pasó por una consejería profesional detrás y si no pasó, también está en la usuaria que acceda a controles de salud sexual y reproductiva y ahí nos vamos a un problema más profundo”.
En efecto, con su última frase Javiera abre un mar de otros problemas.
“Se están suspendiendo los controles de salud sexual y reproductiva porque el Estado de Chile todavía no asegura como esenciales esas prestaciones, entonces, se suspenden cada vez que hay un Estado de Excepción Constitucional o cada vez que hay algún tipo de crisis. Lo vimos en el 2010 con el terremoto, que se suspendieron muchos controles y hubo un boom de embarazos no deseados en la zona de Constitución. El acceso a la salud sexual y reproductiva debe ser declarada esencial y la forma de controlarlo no es poner barreras para su acceso, la forma es la telemedicina, buscar la forma de que las mujeres tengan consejería, pero no poner barreras para la compra y el acceso”, dice Canales.
Tan solo hace algunos días una médica en televisión hablaba sobre la crisis sanitaria que va en paralelo a la del Covid-19. Recuerdo su comentario íntegro: “todos los PAP no realizados durante el último año, son muchos casos de cáncer cervicouterino en el futuro”. Se lo comento a Javiera y concuerda.
“La segunda causal de muerte en Chile para mujeres es por cáncer cervicouterino y en marzo del año pasado se sacó del GES el Papanicolau. Pasó de estar cubierto por la Garantía Explícita de Salud y se sacó para poder tener, supuestamente, mayor presupuesto para enfrentar la crisis. Hemos ingresado dos denuncias ante la Contraloría por esta disposición, porque no es un tema menor. Es la segunda causal de muerte en Chile de mujeres y la única forma de detectarlo es el PAP, que sacaron del GES”.
Javiera sigue enumerando algunos problemas de acceso a la salud sexual y reproductiva en el último año. Por ejemplo, explica que “hubo una pelea bastante importante en la mesa de Covid y género en el Senado, porque no había ni siquiera la posibilidad de que pudiese haber una persona acompañante de las mujeres que estuvieran pariendo. La salud sexual y reproductiva no ha sido considerada esencial. Otro caso: el cambio de anticonceptivos de larga duración. No se están haciendo los cambios, muchas de las mujeres que el año pasado quedaron embarazadas nos contaban que les tocaba el cambio pero no hay citas, porque están suspendidas por el Covid y les entregaban anticonceptivos que fueron defectuosos. Esto es una forma más de acentuar las diferencias del acceso a la salud”.